CONFESIONES DEL PRESIDENTE AENA

¿Quién es Juan Ignacio Lema Devesa? El presidente de AENA desde el 24 de abril de 2009. Nació en Santiago de Compostela y es ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos en 1983, entre 1992 y 1996 fue director del Aeropuerto de Madrid Barajas y entre 1998 y 2000 fue director de Aeropuertos en AENA. En 2001 y hasta su nombramiento como presidente de AENA trabajó en el Grupo San José. Dicen que guerras políticas internas al margen, Juan Lema, al frente de Aeropuertos, y Gaspar de Vicente al frente de la Navegación Aérea, formaron con Francisco Cal, el entonces presidente de AENA, un equipo experimentado y compenetrado de ingenieros de gran nivel profesional y capacidad técnica, riguroso en el control económico en la gestión, comprometido con el servicio público y ajeno a cualquier sectarismo político.

Todo esto es lo que dicen, la realidad es que Juan Lema fue un innovador suicida como corresponsable del inseguro diseño del Aeropuerto de Madrid-Barajas y de la posterior implantación de las ilegales y peligrosas operaciones segregadas y simultáneas a pistas cruzadas, por primera vez y única en la historia de la aviación civil o militar.


Y un apunte muy personal. Nos han contado que Juan Lema, en la más tierna infancia, era un vehemente seguidor de los dibujos Disney y, aunque ahora a este señor de semblante serio le avergüence reconocerlo, su ídolo infantil era el Pato Donald aviador, del que le viene su afición por la aeronáutica. El 24 de abril Juan Ignacio "Pato Donald" Lema llegó a la presidencia de Dis-AENA-landia. Un sueño hecho realidad.

El pasado 1 de noviembre, Juan Ignacio "Pato Donald" Lema publicó un artículo en el suplemento dominical de economía de El País. Unas reflexiones sobre su mundo mágico de Dis-AENA-landia.

Entre estas reflexiones cuenta que "Si bien es cierto que ninguna actividad económica, por muchos beneficios que aporte, puede llevarse a cabo al precio que sea, también hay que tener en cuenta que en el caso del transporte aéreo, ante el objetivo, compartido por todos, de limitar los impactos negativos, no caben soluciones drásticas como el cierre de aeropuertos o la reducción del número de operaciones." Es decir, que el beneficio económico justifica la agresión a los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución Española, de todos los ciudadanos afectados por el tráfico aéreo, y que en Madrid son 500.000. Señor Lema, nada, absolutamente nada, justifica la agresión a la esencia del Estado de Derecho y menos los miles de millones de euros que se han llevado y se llevan unos pocos a costa de la vida de centenares de miles de ciudadanos.

Dice "Creo necesario subrayar la importancia de esta iniciativa (el Plan de Acción Medioambiental liderado por el Ministerio de Fomento a través de AENA) porque, por primera vez, todo el sector se une y asume el liderazgo de llevar a cabo una serie de medidas encaminadas a reducir el impacto negativo de las operaciones aeroportuarias con el entorno, sin que esta iniciativa sea fruto de una presión social puntual." Señor Lema, esto sería cierto en su mundo Disney, pero la realidad, y así lo reconocen en privado altos cargos de AENA, es que la presión social es la que está cambiando la percepción social de los aeropuertos. No puede subyugarse el auténtico interés general de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos al presunto interés general de los beneficios económicos que genera la actividad aeroportuaria para unos pocos. La presión social motivada por el accidente catastrófico de Chernobyl, con decenas de miles de muertos, fue la que detuvo la construcción de las centrales nucleares e inició los programas de desmantelamiento. Esperamos que no sea la presión social motivada por un accidente catastrófico con decenas de miles de muertos la que cierre Barajas. La presión social es la que está poniendo contra las cuerdas a AENA y si no explique la reunión que el Ministerio de Fomento convocó el jueves 19 de noviembre con al sector aéreo para tratar las consecuencias de las últimas sentencias judiciales que exigen reducir la actividad en los aeropuertos con problemas de ruido.

Afirma que "queremos utilizar los ordenadores de a bordo de las aeronaves para volar con la máxima precisión posible las rutas establecidas en los despegues. Si reducimos la dispersión de las rutas, disminuirá notablemente el número de afectados por sobrevuelos." Señor Juan Ignacio "Pato Donald" Lema, bienvenido al siglo XXI, ha descubierto usted el GPS. Ya era hora. No obstante ¿me puede explicar por qué en la última reunión de la CSAM dijeron que el 55% de aviones la utilizan por el norte y el 70% la utilizan por el sur? ¿No son los aviones que aterrizan los mismos que despegan? Es decir, que penalizan a los vecinos de la zona norte, y todo por el esperpento de rutas diseñadas e implantadas para evitar molestar a sus queridos amigos de su siempre-bien-tratada-urbanización-santo-domingo a costa de afectar a Algete, San Sebastián de los Reyes, Pradonorte, Fuente del Fresno, Belvís, Tres Cantos, Ciudalcampo y un largo etcétera de municipios de la sierra norte. Además están obsesionados con los sobrevuelos; lo que molesta es el ruido, no los sobrevuelos, a ver si se enteran de una vez. Un avión que sobrevuela a 10.000 metros no molesta.

Por último nos cuenta las excelencias de un sistema público de monitorización del ruido a través de la página web de AENA y asevera que "Así dispondremos de información completa y fiable, de manera transparente, lo que redundará en una mejora de la credibilidad de todo el sector." ¿Credibilidad AENA y la Aviación Civil española? Ninguna. Usted reiteradamente niega información amparándose en una interpretación fraudulenta de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Éste es un ejemplo de miles de su transparencia.

Estimado Señor Lema, vive usted todavía en su mundo de Disney. Desde Las mentiras de Barajas le pedimos que no cierre los ojos a la realidad, que implante operaciones seguras en el Aeropuerto de Madrid-Barajas y que AENA respete los derechos fundamentales de los centenares de miles de ciudadanos españoles afectados por el ruido provocado por el tráfico aéreo, y si esto implica, por ejemplo, el cierre nocturno de aeropuertos, llévelo a cabo.

Y este espacio final se lo dedicamos al niño Juan Ignacio "Pato Donald" Lema, para que recuerde con cariño los minutos que cambiaron su vida y lo empujaron dedicarse al mundo de la aviación. Y no se avergüence de ello, no le de la espalda ahora a su ídolo infantil.

SOLICITAMOS UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PARLAMENTO

El equipo de Las mentiras de Barajas está gratamente sorprendido por la difusión y repercusión que ha tenido en España, resto de Europa y América el caso de D. Javier Aguado, Inspector Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, y más conocido como el Eliot Ness de la Aviación Civil española por su lucha contra la corrupción aeronáutica en la DGAC del Ministerio de Fomento, por el archivo de la denuncia que presentó en la Secretaría General del Congreso de los Diputados el 11 de abril de 2007.

En su escrito de denuncia, D. Javier Aguado del Moral, Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, puso en conocimiento del Parlamento el irregular proceder de la Dirección General de Aviación Civil sobre unas actuaciones inspectoras que había llevado a cabo entre los años 2004 a 2007 y que fueron obstaculizadas, despreciadas y archivadas por esa Dirección General.

El congreso decidió archivar el expediente después de recibir un documento presuntamente elaborado por el Ministerio de Fomento, ya que no estaba debidamente identificado según los procedimientos al uso en la administración pública: el documento no contiene fecha de entrada del registro del Ministerio de la Presidencia ni salida del registro del Ministerio de Fomento, no tiene fecha de elaboración ni está identificado por una firma. Un documento que no es de nadie y por lo tanto no tiene ninguna validez formal. ¿Cómo se atrevieron a aceptarlo en el Ministerio de la Presidencia y en el Congreso de los Diputados?

El equipo de Las mentiras de Barajas ha decidido continuar adelante con su denuncia de los hechos y a va a preparar un escrito, que remitirá al Parlamento, para solicitar la apertura de una comisión que investigue los hechos denunciados por el Sr. Aguado.

Así mismo, solicitamos a todos los profesionales tanto en activo como retirados (pilotos y resto de personal de las compañías aéreas, AENA, DGAC, AESA, etc.) y a los organismos del mundo aeronáutico (COPAC, SEPLA, etc.) que den un paso al frente y denuncien la realidad de la Aviación Civil española, como hizo D. Javier Aguado del Moral, Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones.

Y aunque se trate de una ficción, mostramos un vídeo que con humor (aunque no tenga ninguna gracia cuando pensamos en la realidad) reproduce lo que sucedió en la reunión de la Comisión de Fomento en la que se decidió archivar el expediente abierto al efecto. !Vaya espectáculo el de sus señorías!

LA DENUNCIA DE JAVIER AGUADO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (3)

Continúa el relato cronológico de los hechos.

Una vez la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, de la que son portavoces los siguientes diputados: Josep Andreu Domingo (ERC), Andrés José Ayala Sánchez (PP), José Ramón Beloki Guerra (PNV), Franciso Contreras Pérez (PSOE), Salvador de la Encina Ortega (PSOE), Joan Herrera Torres (IU-ICV), Jordi Jané i Guasch (CiU), Pablo Matos Mascareño (PP), Paulino Rivero Baute (CC) (hasta 25/06/2007 que dejó el cargo al ser elegido Presidente de Canarias) y Francisco Rodríguez Sánchez (BNG, Grupo Mixto), recibiera el expediente ¿qué hizo? ¿Qué creemos el equipo de Las mentiras de Barajas que hizo? ¿Qué cree usted, estimado lector, que hizo?

Veremos lo que hizo esta comisión, pero antes hablemos de lo que debieron hacer:

1. Leer el expediente con detenimiento y, en un papel en blanco, escribir anotaciones, dudas, preguntas, etc.
   
   
2. Como la cuestión es delicada y probablemente surgieron dudas y preguntas y dado que es más seguro que probable que sus señorías no tengan los conocimientos técnicos necesarios para su completa comprensión, parece razonable solicitar la asistencia de técnicos. Se me ocurren tres tipos de técnicos: en primer lugar el autor del escrito para que lo explique y responda a esas dudas y preguntas; en segundo lugar a quien va dirigido, la entonces Ministra de Fomento y el Director General de Aviación Civil, y los técnicos que les asistieron en sus actuaciones; en tercer lugar, técnicos independientes, si esa figura existe y es distinta de los inspectores Aguado y Rosel; podemos pensar en alguien ligado al mundo académico y sin ninguna vinculación con la DGAC o AENA, aunque difícil lo tendrían.
   
   
3. Una vez que se hagan una idea más detallada de lo que aquí se trata, tendrían que abrir una comisión de investigación, con las necesarias comparecencias. A saber: el Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, D. Javier Aguado del Moral (más conocido por el Eliot Ness de la Aviación Civil española); la Ministra de Fomento, Dña. Magdalena Álvarez Arza; toda la línea jerárquica de la Dirección General de Aviación Civil de D. Javier Aguado; el Director General de Aviación Civil, D. Manuel Bautista Pérez; el comandante piloto D. Juan Francisco Martínez Vadillo; toda la línea jerárquica de Iberia de D. Juan Francisco Martínez; el comandante piloto D. Miguel Ángel Gordillo Urquía; toda la línea jerárquica de Iberia de D. Miguel Ángel Gordillo; el Inspector de Compañías de Transporte Aéreo D. José Mª Rosel Merino; toda la línea jerárquica de la Dirección General de Aviación Civil de D. José Mª Rosel; la cúpula directiva de Iberia; el comandante piloto D. Andrés Gutiérrez Sanz, toda la línea jerárquica de Iberia de D. Andrés Gutiérrez; la cúpula directiva de Air Madrid; el Técnico Experto en Operaciones de Vuelo (esta denominación se corresponde a la categoría profesional de una empresa privada y no a una calificación profesional reconocida oficialmente, como, por ejemplo, la de consultor junior, y cuyo objetivo principal suele ser la de hacer comprensibles y digeribles las facturas que emiten a sus clientes) de SENASA (Servicios y estudios para la navegación aérea y la seguridad aeronáutica) que redactó el informe exculpatorio; a toda la línea jerárquica de SENASA del técnico experto y a la cúpula directiva de SENASA. Para cerrar el círculo deberían también citar a la cúpula directiva de AENA y del Aeropuerto de Madrid-Barajas, la empresa pública gestora de los aeropuertos españoles.
   

El papel de la Comisión de Fomento y Vivienda debería detenerse aquí. Esta comisión emitiría un informe en el que se delimitarían las responsabilidades políticas y que son muchas y por otro lado enviaría todo el expediente al juzgado o al fiscal correspondiente para que investigue y se depuren las responsabilidades civiles y penales.

No obstante, e intuyendo la diligencia de sus señorías la investigación no se detendría aquí. Porque lo siguiente sería analizar en su conjunto el funcionamiento de la Dirección General de Aviación Civil y de las empresas de servicios relacionados que como hongos han surgido a su alrededor. Habría que dilucidar muchas cuestiones, entre otras, ¿por qué que pilotos prejubilados puedan ejercer hasta su jubilación como inspectores y entre otras inspeccionar a las compañías aéreas a las que pertenecieron y de las que todavía reciben remuneración? Por cierto ¿sabía que la Dirección General de Aviación Civil los contrata a través de la empresa SENASA? Y ya lo dijo San Mateo hace unos dos mil años "Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro."

Y conociendo a estos señores diputados, tan sensibilizados y con tantas ganas de presentarse ante la opinión pública y la ciudadanía como ejemplos del buen hacer, de buscadores incansables de la verdad y del bien común, que se preocupan, y mucho, y que trabajan, y mucho, por los ciudadanos que los eligieron y los mantienen con sus impuestos, exigirán transparencia absoluta, luz y taquígrafos.

Javier Aguado confiaba, como cualquier otro ciudadano confiado en el sistema o Estado de Derecho como gustan de llamarlo estos señores diputados, que hubiera actuado así, conforme a la ley, al procedimiento y al sentido común, al interés ciudadanos e incluso a su interés político y el de su carrera como representantes legítimos del pueblo español.

El día 2 de noviembre de 2007 desde el Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Relaciones con las cortes, cuyo titular era D. Francisco Caamaño Domínguez, actual Ministro de Justicia, remite esta carta al Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González, a la que adjuntó un informe, presuntamente elaborado en el Ministerio de Fomento.

El día 20 de noviembre de 2007 la Mesa de la Cámara remite el informe a la Comisión de Peticiones.

El día 30 de noviembre de 2007, la Comisión de Peticiones decide trasladar la contestación del Ministerio de Fomento a Javier Aguado del Moral y archivar el expediente.

Éste es el informe:

Y no vamos a hacer un análisis detallado del fondo de la cuestión porque éste es el trabajo que todavía tienen pendientes los señores diputados. Los presuntos delitos aquí cometidos todavía no han prescrito y aunque así fueran las responsabilidades políticas y de funcionamiento de la Administración del Estado que se derivan son tan graves y profundas que no pueden obviarse por la simple prescripción de un delito y requieren una investigación a fondo.

Analizar este documento a fondo para rebatirlo necesitaría mucho tiempo y poner a disposición de los lectores todos los documentos que Javier Aguado presentó en el Congreso. El equipo de Las Mentiras de Barajas dispone de toda la documentación, la ha leído y estudiado en detalle.

Un hecho probado y que los tribunales siempre han ratificado es la condición de Javier Aguado del Moral Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, y que sus jefes de la Dirección General de Aviación Civil se empeñan en negarle una y otra vez ilegalmente.

Y otro ejemplo: Resulta que un piloto presenta una denuncia y le proporciona al inspector todas las pruebas, éste realiza sus pesquisas, comprueba la validez de las pruebas y así lo hace saber a sus superiores de la Dirección General de Aviación Civil. Ésta pregunta a Iberia y responde que es falso sin aportar pruebas, y la DGAC lo cree y desestima la denuncia. Es decir, la parte demandante presenta pruebas, la demandada no y se cree a ésta última. Se cree al delincuente antes que a la autoridad.

Desde la perspectiva formal, que es tanto o más importante, este documento no está debidamente identificado según los procedimientos al uso en la administración pública: el documento no contiene fecha de entrada ni salida del registro, no tiene fecha de elaboración ni está identificado por una firma. Este documento no es de nadie y no tiene ninguna validez formal. ¿Cómo se atreven a aceptarlo en el Ministerio de la Presidencia y en el Congreso de los Diputados? ¿Qué hablaron entre ellos?

Si la Dirección General de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento, es la autora incurre en varios presuntos delitos graves, entre ellos el de prevaricación y falsedad en documento público; además de varios presuntos delitos contra la seguridad aérea. Y la actuación de los diputados es la misma.

¿Por qué actuaron así? ¿Qué querían esconder? ¿A cambio de qué?

Y ahora sí, preocúpese porque la seguridad aérea en España en manos de esta Dirección General de Aviación Civil irresponsable y corrupta, e indígnese por la actuación de los que se supone deben defender el interés general por encima de todos los demás y han mirado hacia otro lado. Este es el listado de diputados, tan irresponsables como corruptos: Josep Andreu Domingo (ERC), Andrés José Ayala Sánchez (PP), José Ramón Beloki Guerra (PNV), Franciso Contreras Pérez (PSOE), Salvador de la Encina Ortega (PSOE), Joan Herrera Torres (IU-ICV), Jordi Jané i Guasch (CiU), Pablo Matos Mascareño (PP), Paulino Rivero Baute (CC) (hasta 25/06/2007 que dejó el cargo al ser elegido Presidente de Canarias) y Francisco Rodríguez Sánchez (BNG, Grupo Mixto).

Y en las próximas elecciones generales cuando vaya a votar y vea estos nombres se indignará y mucho, porque comprobará que el Estado de Derecho en España es una farsa.

Y esto no es el final de un relato porque "La Seguridad Aérea es de interés público y afecta a toda la sociedad" (Javier Aguado del Moral).