La Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, publicada en el BOE de 1 de junio de 2011, establece que mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles, reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo será considerado acoso laboral.
La resolución distingue entre acoso y violencia psicológica y establece un protocolo detallado para actuar en caso de conflicto. Se considera acoso, además de los supuestos citados, “dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan".
Para que la Administración acepte que ha existido acoso el comportamiento grosero y discriminatorio tiene que ir dirigido siempre contra el mismo empleado y ser "permanente y prolongado". El acosador será sancionado por falta muy grave o derivado a los tribunales. La víctima retomará sus funciones y quienes hayan actuado como testigos no sufrirán represalias.
El protocolo de denuncia es el siguiente:
- Rellenar el impreso disponible en la intranet. Remitirlo al servicio de prevención de riesgos laborales y a la inspección.
- El inspector podrá pedir el asesoramiento de los expertos en relaciones laborales, y emitir un informe previo con entrevistas y declaración de testigos. Como precaución, podrá cambiar de departamento al acusador o al acusado, o a ambos. Para el trámite del informe inicial dispone de un máximo de diez días.
- A partir de ese momento se podrá nombrar a un mediador aceptado por las dos partes en litigio para buscar un acuerdo. Si no lo logra se nombrará un "comité asesor para situaciones de acoso", que elaborará un segundo informe contando con la participación obligatoria de las personas que determine. Para esta segunda valoración dispone de 15 días.
- La decisión final la adoptará el responsable de recursos humanos, también en un plazo de dos semanas. Si se aprecia una conducta especialmente dolosa por parte del acosador se considerará delito y seguirá la vía ordinaria en los tribunales. En caso contrario, se sancionará al acosador con expediente disciplinario por falta muy grave. Se garantizará que no se adopten represalias contra los testigos y se penalizarán las denuncias falsas.
Y ésta es la denuncia que Javier “Eliot Ness” Aguado del Moral interpuso el pasado día 6 de junio del presente por acoso laboral, moral y psicológico, registrada y firmada.
Y la copia enviada al Ministro de Fomento, D.José Blanco, con fecha de registro de 17 de junio:
Se denuncia a D. Manuel Bautista Pérez, exDirector General de Aviación Civil, a Dña. Isabel Maestre Moreno, Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), D. Luis Rodríguez Gil, Director de Seguridad de Aeronaves (AESA), D. Pablo Hernández-Coronado Quintero, Director de Evaluación, Seguridad y Auditoría Técnica (AESA), D. José Luis Lozano, Coordinador de Inspección de Seguridad (AESA), D. Antonio García García, Jefe del Servicio de Operaciones en Vuelo (AESA), D. José Luis Tradacete Cocera, exjefe del Servicio de Operaciones en Vuelo y actual Inspector de Procesos de Aeronavegación y Certificación (AESA), todos ellos por dejar al trabajador que denuncia de forma continuada y desde hace muchos años sin ocupación efectiva, ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo, dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan, denunciarle, desacreditarle y descalificarle ante diversos Tribunales de Justicia, ante el Congreso de los Diputados de España, ante las empresas de transporte público y sus profesionales pilotos y Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves, y ante el resto de los funcionarios del Ministerio de Fomento y de la AESA, varias sanciones injustas a sabiendas de que lo son, etc., etc.
Es lamentable que deba dirigirla obligatoriamente a uno de los denunciados, D. Luis Rodríguez Gil, Director de Seguridad de Aeronaves de la AESA, lo que vicia de antemano todo el proceso.
La opinión que nos ha transmitido Javier Aguado y que transcribimos literalmente da escalofríos:
"En mi opinión las Autoridades Aeronáuticas han estado siempre, y lo están actualmente, en connivencia con las empresas de transporte aéreo para ocultar, y no investigar y corregir, cualquier deficiencia que afecte a la seguridad de las operaciones de vuelo. Por eso han procurado por todos los medios que no haya Inspectores de las Operaciones de Vuelo, y a los dos únicos que hay les han impedido realizar esas inspecciones para que no informen de aquellas irregularidades y deficiencias. El principal actor y responsable a lo largo de años es D. Luis Rodríguez Gil, Director de Seguridad de Aeronaves de la AESA. También lo fueron y son los distintos Diretores Generales de Aviación Civil y otros directivos y jefes de la misma, y actualmente la Directora de la AESA.
Lo decepcionante, y también alarmante, es que el Congreso de los Diputados no iniciase una investigación a tiempo cuando denuncié estos hechos ante la Comisión de Peticiones del mismo.
Podéis publicar esta opinión mía textualmente."
Aparte de los graves daños morales, laborales, profesionales e incluso físicos que ha sufrido Javier por parte de esta banda (en el sentido criminal de la palabra), está el daño ocasionado a la seguridad aérea en España en los últimos años y cuyas consecuencias padecemos en forma de incidentes y accidentes.
No podemos ni debemos descargar la culpa o responsabilidad sobre los profesionales como individuos, porque la experiencia demuestra qué les pasará si dan el paso y denuncian la situación, pero sí sobre las asociaciones profesionales y sindicales que miran para otro lado mientras el edificio en ruinas de la Aviación Civil española se cae a trozos.
