Continuamos con la publicación de los papeles de Javier “Eliot Ness” Aguado del Moral. Nos preguntamos si estos documentos los hubiera dado a conocer Julian Assange en el portal Wikileaks o algún diario con cientos de miles de lectores las consecuencias serían las mismas para los irresponsables que permitieron, permiten y, si nadie lo evita, permitirán conductas ilegales que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
La documentación que sacamos a la luz en este artículo es motivo más que suficiente para que desde el Ministerio del Interior (es decir, Guardia Civil o Policía Nacional) lleven a cabo una investigación a fondo para que la justicia depure las responsabilidades civiles y penales que se deriven de la conducta negligente con la que han actuado, desde mucho tiempo, y actúan la Dirección General de Aviación Civil, AENA y las compañías aéreas inspeccionadas en la vigilancia de la seguridad aérea y el cumplimiento de la reglamentación de obligado cumplimiento recogida en la legislación española.
El documento que publicamos hoy es la gota que colmó el vaso de la indignación de Javier y que motivó su escrito de denuncia al Presidente del Gobierno en el año 2002, José María Aznar. Este documento, que Javier Aguado envió al entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, fue el detonante para que el Inspector del Estado volviera a hacer inspecciones. No obstante, la compañía denunciada continuó ejerciendo su actividad tal cual. En él se denuncia que la renovación del Certificado de Operador Aéreo (A.O.C.) a la compañía Iberia, que requiere una inspección anual previa en profundidad de toda su actividad, se formalizó sin realizar las llamadas “Inspecciones en Base” y sin que las mismas reuniesen los requisitos que exigía la nueva normativa JAR- OPS que entró en vigor ese año.
Concretamente, en el informe dirigido al entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, con fecha de registro de entrada en el Ministerio de Fomento 21 de agosto de 2002, se denuncia que la compañía Iberia no facilitó a sus pilotos el entrenamiento en equipamiento de emergencia y seguridad de conformidad con el artículo 7.1.7.2. del Reglamento de Circulación Aérea y de conformidad con el Real Decreto 220/2001 y el JAR-OPS 1.965, por lo que incumple con la citada normativa.
En el informe, Javier Aguado, expone, como hecho para sustentar la denuncia, la queja recibida por parte de dos comandantes de Iberia, uno de la flota de MD-80 y otro de la flota de A-320, a los que la Dirección de Iberia obligó a firmar un documento en el que declaraban haber realizado su entrenamiento de Seguridad y Salvamento de acuerdo con el JAR-OPS 1965, Apéndices 1 (a) (3) y (b) (2), cuando en realidad no fue así.
Además el comandante de la flota de A-320 informó que “algún directivo” de Iberia llegó a amenazarlo con ejercer represalias contra él por su negativa a firmar el documento de conformidad con su entrenamiento, cuando él manifestó que, a su entender, no se ajustaba a la normativa vigente.
¿Quién era ese directivo de Iberia? ¿Cumplía órdenes precisas de más arriba? Porque dudamos que esa forma de actuar fuera iniciativa propia del mando intermedio.
El escrito de Javier Aguado concluye con la contundencia de quien tiene el férreo convencimiento de hacer lo correcto, cumplir y hacer cumplir la Ley, y la confianza en el gobierno de la nación, representado en este caso por el Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.
“Dado el evidente grado de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de entrenamientos en equipamiento de emergencia y de seguridad por parte de la compañía de transporte Iberia, y teniendo en cuenta que la Dirección General de Aviación Civil concedió a la compañía citada el pasado mes de junio el Certificado de Operador (Air Operator Certificate, A.O.C.) de acuerdo con las reglas JAR-OPS 1 sin que previamente al mismo se llevase a cabo la obligatoria supervisión por parte de los Inspectores del Estado del cumplimiento de dichas normas, además de otros aspectos relacionados con la seguridad de las operaciones de vuelo y mantenimiento de sus aeronaves, este Inspector del Estado considera que es urgente e imprescindible que por parte de la Dirección General de Aviación Civil se ordene a sus Inspectores de Operaciones (no a los Expertos Técnicos de Operaciones de Vuelo que tienen una relación contractual con Iberia, como se hace en otros supuestos, por su posible falta de imparcialidad) la supervisión, al menos, de toda la instrucción que reciben los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía Iberia, así como de todo su departamento de instrucción, incluidos sus métodos y medios de entrenamiento, cursos, etc., sin perjuicio de que se depuren las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir sus directivos.”
¿No sería esto motivo más que suficiente para que la compañía Iberia dejara de ejercer su actividad hasta que no cumpliera con la legislación? ¿Cuántas veces Iberia no ha cumplido la legislación vigente? Porque nadie se cree que ésta fuera la primera y nosotros podemos asegurar que no fue la última. ¡Qué menos que la compañía aérea bandera de España, Iberia, que transporta millones de pasajeros cada año por todo el mundo, supiera lo que tenía que hacer y cumpliera de manera ejemplar la ley! Pero no lo hacía porque se lo consentían. Y el máximo responsable fue el entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y como tal el primero que debió entrar en algún módulo de alguna cárcel de alta seguridad, por si intentaba escaparse.
Ya sabemos, en un mercado competitivo en el que la reducción de costes es el único evangelio, la seguridad, que es lo que más cuesta, es el segundo sacrificio que se ofrece en los altares a los dioses del capitalismo. El primero fueron los trabajadores, por si alguien lo pregunta.
¿Dejaremos que sigan riéndose de todos los ciudadanos españoles?
