La seguridad aérea es de interés público y afecta a toda la sociedad (Javier Aguado del Moral)


In times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act (George Orwell)


Cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo (Confucio)

martes, 22 de diciembre de 2009

FELIZ NAVIDAD EN AESA


Día 18 de diciembre, preludio de las fiestas navideñas, 11:30 de la mañana, la hora de la indecencia en el control de entrada del Ministerio de Fomento, donde el flujo de regalos navideños es constante. En ese momento vienen a la mente las inequívocas imágenes de los gobernantes autonómicos madrileños y valencianos recibiendo regalos a tenor de su cargo, ¿cohecho impropio lo llaman?

El destino no era la planta noble del Ministerio. El incesante fluir se acompañaba del martilleante y nada poético estribillo "octava planta", ¿qué hay en la octava planta del Ministerio de Fomento? La Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.


Por su voluminosa e indecente visión el involuntario testigo sigue al repartidor de un lote de regalos navideños y que se dirigía, como todos o casi todos, a la octava planta. ¿Qué son? ¿Jamones?




¿Reconocen ustedes estas oficinas? Es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el despacho de Pablo "El Jamones" Hernández-Coronado Quintero, Director de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuya Directora, Isabel Maestre Moreno, depende del Director General de Aviación Civil, Manuel Amejeiras Vales, del Ministerio de Fomento.



Contrariado por la presencia ubicua de los regalos navideños, del eficaz repartidor nombrando cual niño de San Ildefonso a los agraciados, y del sorprendido testigo de la indecente estampa navideña, convertido en involuntario cronista del instante para su transmisión y exhibición a una ciudadanía que un día sí y otro también asiste atónita a la extensión cual mancha de aceite de una corrupción que invade desde los cimientos hasta la más alta esfera la administración del estado (central, autonómico y local), Pablo "El Jamones" Hernández-Coronado Quintero, pronuncia unas palabras, perfectamente audibles "Por aquí no, déjelo ahí."

Unos trabajadores, de AESA suponemos, se lamentaban en voz alta "cómo ha bajado esto con la crisis, antes sí que había buenos regalos."


Uno se pregunta si esto es lo que se ve ¿cómo será lo que no se ve?, si esto es el 18 de diciembre a las 11:30, ¿cómo será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre? ¿De dónde vienen y adónde van?



Juzguen si esto les parece o no apropiado, decente o indecente, pero si esto es lo que se ve, cómo será lo que no se ve en la DGAC, AESA y AENA, las autoridades aeronáuticas de España.

¿Los creen ustedes íntegros? ¿A estos señores, receptores de estos regalos, que son los responsables de la seguridad aeronáutica en España? Responderíamos que sí, si los hubiéramos visto rechazar esas dádivas; si de la misma forma que este ciudadano, testigo de excepción de una conducta cuando menos sospechosa, que los vio entrar lo hubiese visto salir.

Pero no es posible, no puede ser que los que inspeccionan a las compañías sigan cobrando de ellas, y que sean imparciales e implacables. Y menos después de lo visto.

Y la ley ¿qué dice, qué dicta?
Tenemos el artículo 54.6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,

Y el artículo 426 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La conclusión es sencilla: Los empleados públicos rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía y que la autoridad o empleado público que adquiera o reciba la dádiva que le fuera ofrecida incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.


Desde Las mentiras de Barajas mostramos hechos reales y por eso pedimos, suplicamos al Ministro de Fomento, José Blanco López, que inicie una investigación de los hechos y cese inmediatamente a los que han incurrido en conducta irregular, y que ponga los hechos en conocimiento de la Abogacía del Estado y del Fiscal Anticorrupción para que se determinen las responsabilidades civiles y penales, y caiga quien caiga. La sociedad española lo exige.