Esta pregunta la hacían el 28 de septiembre de 2008, un mes después del trágico accidente del vuelo JK5022 en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, desde el diario El Mundo.
Dos años después ¿qué tenemos? Que uno de los dos Inspectores del Estado de Vuelo, Operaciones Aéreas y Tripulaciones, se querella criminalmente contra la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno, el anterior Director General de Aviación Civil, Manuel Bautista Pérez, el actual responsable de Seguridad de Aeronaves de AESA, Luis Rodríguez Gil, y José Luis Tradacete Cocera.
En los artículos que se publican en Aviación Digital, Terremoto en AESA y la DGAC (Parte 1ª), y ¿Quién y con qué atribuciones se hacen las inspecciones de vuelo en España? se analizan la querella criminal y el enésimo juicio de Javier Aguado contra la AESA.
La conclusión más preocupante es que en España desde el año 2002, y seguramente desde antes, no se realizan inspecciones independientes y fiables en toda la cadena del sistema aerocomercial
Desde el año 2002, las Inspecciones de Seguridad en Vuelo las realizan “Técnicos Expertos en Vuelo" de SENASA, sin la supervisión obligada por Ley de Inspectores del Estado o funcionarios con atribuciones.
Javier “Eliot Ness” Aguado del Moral es un profesional que se ha enfrentado contra la administración denunciando este fraude de ley. Un fraude a toda la sociedad. Un fraude que pone en riesgo la seguridad aérea, y con ello la vida de millones de personas.
Como se apunta en Aviación Digital:
La inspección es el garante de que alguien aséptico, imparcial, profesional, está velando por la seguridad de las operaciones, incluidas las tripulaciones, de manera oficial.
La función del Inspector Aguado, es garantizar un asidero a los profesionales (pilotos, controladores, TMA, etc.), que en un momento dado requieran de la presencia inspectora, ante una situación que afecte, por ejemplo, a la seguridad operacional, etc. Si esa inspección funcionara adecuadamente, es decir se garantizara su independencia, y asepsia técnica, se mejoraría, evidentemente todo el sistema, y la seguridad que ha de garantizarse desde la AESA.
También nosotros nos preguntamos si los expertos de SENASA que realizan Actividades Materiales propias de la Inspección Aeronáutica están actuando dentro de la legalidad. Por las evidencias que existen creemos firmemente que no.
Otra cuestión, que analizaremos más adelante, es la asignación de compañías aéreas a estos Técnicos Expertos de Operaciones de Vuelo de SENASA.
El atajo utilizado por los responsables de AESA y DGAC para la oficialización de actuaciones, que no inspecciones, por los Expertos Técnicos de Operaciones de SENASA, es denominar sus actividades como "actividades materiales propias de la inspección aeronáutica" (Ley de Seguridad Aérea Art.26, Disposición Transitoria 4ª). Uno podría pensar que los Expertos Técnicos de Operaciones de SENASA realizan una labor complementaria a los Inspectores del Estado, pero no es así. Entonces, ¿quién supervisa, fiscaliza y firma dichas actividades materiales propias de la inspección? Javier Aguado, que tiene atribuciones para hacerlo, dado que no se le encomienda desde hace años ninguna, no.
En la querella se demuestra que Javier Aguado no realiza ninguna función para las que está habilitado como Inspector. En la querella se indica que entre abril del 2009 hasta el día de la presentación, es decir en unas 2.700 horas de trabajo efectivo, le encomendaron 9 expedientes, sin relación con su función inspectora, lo que suponen 18 horas de trabajo efectivo. Ante el anuncio de Isabel Maestre de la realización de unas 3.400 inspecciones el año 2009, de las cuales relacionadas con vuelo, no llegarían a 250 (cifra que Aviación Digital puntualiza no la indica la propia AESA), y teniendo en cuenta que el Sr.Aguado, no ha intervenido en ninguna, ¿quién, qué y cómo inspecciona?
La respuesta está, en parte, en esas 6 cajas depositadas en el Juzgado de lo Social en las que están los resultados de las inspecciones de vuelo y otras de los últimos dos años.
La Fiscalía, el ministro de Fomento, el Congreso de los Diputados (que dispone de toda la documentación) deben actuar sin dilación.
Ante el caos que reina en la seguridad de la aviación civil española y como ciudadanos nos preguntamos lo mismo que el artículo de El Mundo publicado hace más de dos años:
¿CUÁNTOS ACCIDENTES SON NECESARIOS PARA PONER ORDEN EN ESTE CAOS?
