El día 11 de abril de 2007, Javier Aguado del Moral, Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, de la Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento, entrega el siguiente documento en la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
En este documento denuncia:
- La pasividad de la Dirección General de Aviación Civil y de la entonces Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez Arza, ante la denuncia que presentó por la operación de varios vuelos por parte de la compañía IBERIA, L.A.E. con una aeronave en la que uno de sus motores había sobrepasado en exceso el límite de temperatura máximo permitido por el fabricante de la misma, Airbus Industries, y por nuestra propia autoridad aeronáutica, alcanzado el cual no se puede volar con dicha aeronave si no es sustituido el motor afectado.
- La pasividad de la Dirección General de Aviación Civil y de la entonces Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez Arza, ante la denuncia que presentó por la realización de operaciones de vuelo y transporte de pasajeros con una aeronave Airbus A320 de matrícula EC-FGV cuyo comandante piloto, D. Miguel Ángel Gordillo Urquía, venía comunicando reiteradamente después de varios vuelos a sus jefes de IBERIA que no cumplía con las normas exigidas por el fabricante de la aeronave y por la Dirección General de Aviación Civil, y que la seguridad de los vuelos que se estaban realizando con la misma podría estar siendo comprometida.
- La pasividad de la Dirección General de Aviación Civil y de la entonces Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez Arza, ante la denuncia que presentó por la realización de operaciones de vuelo y transporte de pasajeros por parte de la compañía IBERIA con la misma aeronave Airbus A320 de matrícula EC-FGV del caso anterior, que estaba siendo operada durante varios meses en vuelos de transporte público de pasajeros con una avería que no permitía la utilización de la reversa (sistema de frenado del avión en el aterrizaje) de su motor nº1, lo que comprometía la seguridad de los vuelos de dicha aeronave cuando ésta era operada en aeropuertos con pistas relativamente cortas y con pendiente negativa como es el caso que nos ocupa, del que tuvo conocimiento Javier Aguado con motivo de un vuelo realizado por el comandante piloto de IBERIA, D. Andrés Gutiérrez Sanz, al aeropuerto de La Coruña.
- La pasividad de la Dirección General de Aviación Civil y de la entonces Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez Arza, ante la denuncia que presentó por la concesión a AIR MADRID de la autorización para que pudiese realizar, desde el comienzo de sus operaciones, “vuelos de larga distancia con aviones reactores de dos motores (ETOPS’s) sin que la misma reuniese las condiciones que por seguridad exige la autoridad aeronáutica española en su Circular Operativa 20/91.
El día 12 de abril la Jefe del Departamento de registro y distribución de documentos del Congreso de los Diputados, le comunica a Javier Aguado que su escrito fue enviado a la Comisión de Peticiones de la Cámara para su oportuno estudio y tramitación.
Dos meses después, el día 7 de junio, el Presidente de la Comisión de Peticiones, D. Jordi Marsal Muntalà, del Grupo Socialista, comunica a Javier Aguado que esta comisión ha tomado conocimiento de su petición, y que una vez examinada ha decidido trasladar el expediente a los portavoces de la Comisión de Fomento y Vivienda y al Ministerio de la Presidencia.
Es decir, que según da a entender en su escrito, la Comisión de Peticiones es consciente de las denuncias (tomar conocimiento) de Javier Aguado, las ha estudiado detenidamente (examinado) y las admite a trámite; suponemos porque considera que hay indicios de veracidad. De momento sólo indicios porque no indica que las haya investigado, ya que esta labor corresponderá a la Comisión de Fomento y Vivienda.
Recordamos quiénes eran los portavoces de esta comisión y a qué partido político pertenecían:
Josep Andreu Domingo (ERC)
Andrés José Ayala Sánchez (PP)
José Ramón Beloki Guerra (PNV)
Franciso Contreras Pérez (PSOE)
Salvador de la Encina Ortega (PSOE)
Joan Herrera Torres (IU-ICV)
Jordi Jané i Guasch (CiU)
Pablo Matos Mascareño (PP)
Paulino Rivero Baute (CC) (hasta 25/06/2007 que dejó el cargo al ser elegido Presidente de Canarias)
Francisco Rodríguez Sánchez (BNG, Grupo Mixto)
Confesamos que a muchos de estos señores diputados los conocemos por los medios de comunicación y que, en la mayoría de los casos, nos ha sorprendido la seriedad y rigor que muestran en sus actuaciones y la vehemencia que exhiben en sus intervenciones.
También lo enviaron al Ministerio de la Presidencia. Recordamos que la responsable de este departamento era Doña María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidente Primera del gobierno y que el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes era D. Francisco Caamaño Domínguez, actual Ministro de Justicia.
Era de suponer que la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados investigaría y actuaría; que sus señorías llevarían a cabo las actuaciones que a Javier Aguado, el Eliot Ness de la Aviación Civil española, le habían impedido sus jefes de la Dirección General de Aviación Civil a pesar de ser Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones.
Era de suponer que el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes informaría de la denuncia a la Ministra de la Presidencia (y Vicepresidente Primera del Gobierno) e iniciaría una investigación para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades y a los responsables.
Javier Aguado del Moral, Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, hizo lo correcto, lo que le dictó su conciencia y a lo que le obliga la ley, por su condición de inspector y de ciudadano ejemplar, conocedor de unos hechos graves y que están tipificados como delitos.
Quizá no somos conscientes, ni como ciudadanos ni como usuarios del transporte aéreo, de los hechos tan graves que se denuncian aquí, de la responsabilidad que tiene Javier Aguado y de cómo la ejerce, de la responsabilidad que tiene el Director General de Aviación Civil y de cómo procede, de la responsabilidad de los denunciados (empresas de transporte aéreo) y de cómo actúan; pero haciendo un paralelismo con la inspección de Hacienda, probablemente sí se comprenda mejor. En ese caso tendríamos unas empresas que defraudan a Hacienda, un inspector que investiga y denuncia y unos jefes de Hacienda que le impiden investigar y que acosan a ese inspector y lo llevan a los tribunales por hacer su trabajo.
En el próximo artículo veremos si hay unos diputados, que nos representan y a los que pagamos con nuestros impuestos, que hacen su trabajo y fiscalizan la acción del gobierno, la administración y las empresas públicas, o unos diputados que miran para otro lado y consienten. Y haciendo el paralelismo con la inspección de Hacienda, veremos si hay unos diputados, que nos representan y a los que pagamos con nuestros impuestos, que permitirían que nos roben; sí y mientras yo escribo y usted lee.
Y si le indignan los hechos aquí relatados, le pedimos que no se deje llevar, porque aquí no hablamos de capitales sino de seguridad, y lo que está en juego no son euros sino vidas. Y en todo caso preocúpese y mucho, pero no se indigne.
Es decir, que según da a entender en su escrito, la Comisión de Peticiones es consciente de las denuncias (tomar conocimiento) de Javier Aguado, las ha estudiado detenidamente (examinado) y las admite a trámite; suponemos porque considera que hay indicios de veracidad. De momento sólo indicios porque no indica que las haya investigado, ya que esta labor corresponderá a la Comisión de Fomento y Vivienda.
Recordamos quiénes eran los portavoces de esta comisión y a qué partido político pertenecían:
Josep Andreu Domingo (ERC)
Andrés José Ayala Sánchez (PP)
José Ramón Beloki Guerra (PNV)
Franciso Contreras Pérez (PSOE)
Salvador de la Encina Ortega (PSOE)
Joan Herrera Torres (IU-ICV)
Jordi Jané i Guasch (CiU)
Pablo Matos Mascareño (PP)
Paulino Rivero Baute (CC) (hasta 25/06/2007 que dejó el cargo al ser elegido Presidente de Canarias)
Francisco Rodríguez Sánchez (BNG, Grupo Mixto)
Confesamos que a muchos de estos señores diputados los conocemos por los medios de comunicación y que, en la mayoría de los casos, nos ha sorprendido la seriedad y rigor que muestran en sus actuaciones y la vehemencia que exhiben en sus intervenciones.
También lo enviaron al Ministerio de la Presidencia. Recordamos que la responsable de este departamento era Doña María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidente Primera del gobierno y que el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes era D. Francisco Caamaño Domínguez, actual Ministro de Justicia.
Era de suponer que la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados investigaría y actuaría; que sus señorías llevarían a cabo las actuaciones que a Javier Aguado, el Eliot Ness de la Aviación Civil española, le habían impedido sus jefes de la Dirección General de Aviación Civil a pesar de ser Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones.
Era de suponer que el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes informaría de la denuncia a la Ministra de la Presidencia (y Vicepresidente Primera del Gobierno) e iniciaría una investigación para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades y a los responsables.
Javier Aguado del Moral, Inspector del Estado de Vuelo, de operaciones de tráfico aéreo y de tripulaciones, hizo lo correcto, lo que le dictó su conciencia y a lo que le obliga la ley, por su condición de inspector y de ciudadano ejemplar, conocedor de unos hechos graves y que están tipificados como delitos.
Quizá no somos conscientes, ni como ciudadanos ni como usuarios del transporte aéreo, de los hechos tan graves que se denuncian aquí, de la responsabilidad que tiene Javier Aguado y de cómo la ejerce, de la responsabilidad que tiene el Director General de Aviación Civil y de cómo procede, de la responsabilidad de los denunciados (empresas de transporte aéreo) y de cómo actúan; pero haciendo un paralelismo con la inspección de Hacienda, probablemente sí se comprenda mejor. En ese caso tendríamos unas empresas que defraudan a Hacienda, un inspector que investiga y denuncia y unos jefes de Hacienda que le impiden investigar y que acosan a ese inspector y lo llevan a los tribunales por hacer su trabajo.
En el próximo artículo veremos si hay unos diputados, que nos representan y a los que pagamos con nuestros impuestos, que hacen su trabajo y fiscalizan la acción del gobierno, la administración y las empresas públicas, o unos diputados que miran para otro lado y consienten. Y haciendo el paralelismo con la inspección de Hacienda, veremos si hay unos diputados, que nos representan y a los que pagamos con nuestros impuestos, que permitirían que nos roben; sí y mientras yo escribo y usted lee.
Y si le indignan los hechos aquí relatados, le pedimos que no se deje llevar, porque aquí no hablamos de capitales sino de seguridad, y lo que está en juego no son euros sino vidas. Y en todo caso preocúpese y mucho, pero no se indigne.
