El Congreso de los Diputados, en la sesión parlamentaria del pasado jueves 11 de febrero, dio luz verde a la tramitación del proyecto de modificación del Artículo 4 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, en el que se reconoce el derecho a ser resarcidos de los daños y perjuicios que la navegación aérea cause a los dueños de los bienes subyacentes, al rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas.
Finalmente los grupos de CIU, PNV y ERC retiraron sus enmiendas a la totalidad y sólo Izquierda Unida y Union Progreso y Democracia votaron a favor de la devolución de la reforma al gobierno, que fue rechazada con los votos contrarios de PSOE y la abstención del PP.
Parece que la abstención del Partido Popular ha estado condicionada a que dicha comisión tenga en cuenta a los alcaldes de los municipios afectados por el ruido aéreo en toda España. El diputado popular Andrés Ayala además ha exigido que se cumpla el auto judicial independientemente de la reforma de la ley.
Contrasta esta declaración con el hecho de que dicha propuesta no está recogida en las enmiendas parciales presentadas por su grupo. Mero fuego de artificio para contentar a unos alcaldes que se juegan su ser en el envite.
Desde el gobierno, el Ministro de Fomento José Blanco ha afirmado que los alcaldes y vecinos tenían que haber tenido una reacción mayor cuando se planificó la ampliación del aeropuerto de Barajas.
No podemos estar más de acuerdo con el Ministro de Fomento. Este aeropuerto fue diseñado por el equipo de Arias Salgado y perpetrado por el equipo de Álvarez Cascos, en la época de Aznar. Aún así Blanco tiene su cuota de responsabilidad, y máxime cuando él sabe que Barajas no es seguro.
Blanco insistió en su discurso que solucionar este tema es de interés general para el país y ha marcado el claro objetivo de llegar a acuerdos con los partidos presentes en el Congreso. También reconoció explícitamente, y en un ataque de sinceridad que es de agradecer, que esta reforma es para detener el auto judicial que impone la reducción de vuelos sobre una urbanización de gentes adineradas capaces de costearse abogados caros y procesos judiciales largos, algo inaccesible a la mayoría de la población.
Desde Las mentiras de Barajas le decimos al señor ministro de Fomento que el autentico interés general de un país es respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que cuando sea necesario conculcarlos por intereses de otra índole, se entiende legítimos, hay que resarcir el daño y generosamente. Y por más que lo buscamos, en la Constitución, el interés económico o el derecho a la movilidad al que tanto invocó no está entre los intereses generales. Por lo tanto, Sr. Blanco, nos decepciona usted una vez más.
E insistimos en que la sentencia hay que cumplirla y, por tratarse de un derecho fundamental, extenderla a todos los ciudadanos afectados.
Tan miserable como conculcar un derecho fundamental es la pretensión de que éste se reconozca sólo a aquellos que pueden costearse abogados caros y no a todos los ciudadanos afectados. Y este es el caso de determinados políticos, como el del diputado popular Ayala y la alcaldesa de Algete, que así lo ha pedido públicamente en diversos medios. ¿Acaso el resto de los ciudadanos afectados de su municipio o del resto de localidades afectadas no tienen derechos fundamentales?
La cuestión es que ahora la reforma continúa su trámite parlamentario, con el debate en comisión de unas treinta enmiendas parciales.
Recordamos el texto que fue remitido al Congreso.
Pero de todos los textos de propuestas de enmiendas hemos de reconocer que las que dotarían al texto legal de una mejor y mayor protección al ciudadano es el remitido por la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo y cuyo texto íntegro adjuntamos. Desde Las mentiras de Barajas felicitamos a la Asociación por el trabajo realizado y emplazamos a los señores diputados de la Comisión de Fomento a incorporarlas todas.
Recomendamos su lectura detallada, y especialmente las motivaciones de las enmiendas.